La Parapolitica en Colombia

A propósito de la “parapolítica” y la “Verdad, Justicia y Reparación” que exigen las víctimas y vastos sectores de la sociedad colombiana

Martes 27 de febrero de 2007, por Julio Cortés

Es necesario que en nuestro país se produzca en este momento de la historia una fuerte movilización social para denunciar la verdad de lo ocurrido en Colombia durante los últimos años. Es a penas justo que salgan a la luz pública las verdades de lo ocurrido con la clase dirigente política respecto a tantos desaparecidos, desplazados y exiliados de la violencia, pues como se ha sabido muchos de estos casos comprometen agentes del Estado; lo cual no excluye a la sociedad civil, por acción u omisión, de asumir responsabilidades frente a tan oscuro pasado.

Lamentablemente la situación de millones de colombianos y colombianas es crítica, por no decir desesperante: altos índices de miseria, pobreza y desempleo han propiciado el camino hacia la prostitución, el sicariato y el reclutamiento de grupos armados. No podemos desconocer que las mayorías conviven sin un servicio de salud digno y sin vivienda propia. Todo esto sumado a la privatización de la educación pública y a la precariedad de las condiciones laborales ha fomentado un grave deterioro del tejido social y la ruptura del núcleo familiar, trayendo una inevitable violencia exacerbada.

Toda esta verdad no puede pasar desapercibida. Hacernos los de la vista gorda frente a estos hechos no es más que un acto egoísta y torpe. ¿Acaso los tres millones de desplazados que huyen de la guerra; las decenas de fosas comunes que han aparecido en donde enterraron campesinos, indígenas, hombres y mujeres inocentes que fueron masacrados y silenciados para siempre, no nos dice que la verdad ha sido de horror? En la memoria de muchos colombianos persiste un dolor que debe ser sanado.

Uno de los fenómenos más preocupantes tiene que ver con la impunidad. El exterminio de partidos políticos como la Unión Patriótica, con cinco mil simpatizantes asesinados; el asesinato de candidatos presidenciales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesores, estudiantes, periodistas e intelectuales, son muestras de la intolerancia política oficial y de la ineptitud del aparato de justicia colombiano para aclarar estos crímenes e imponer los castigos que la ley otorga.

De otra parte, la incredulidad que producen los partidos Liberal y Conservador, se incrementa con las noticias de varios de sus representantes acusados de tener vínculos con la “parapolítica”. Sucede lo mismo con los congresistas de los recién fundados partidos uribistas: Partido de la U, Cambio Radical, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia. Ya van ocho parlamentarios uribistas en la cárcel por formar parte del proyecto paramilitar y la lista apenas comienza.

Escándalos de vínculos del paramilitarismo con miembros de las fuerzas militares, policías y el DAS, así como de ganaderos, terratenientes, industriales, narcotraficantes, fiscales, y jueces; sumado al pacto de Ralito (Córdoba) firmado por senadores, alcaldes, y gobernadores para “Refundar la Patria”, son pésimos indicios de nuestro gobierno. No se puede negar que ha sido a sangre y fuego, o sobornando a quien se requiera, que el paramilitarismo ha realizado la tarea denominada “Refundar la Patria”. Ha salido a la luz pública un fraude electoral en los departamentos de Cesar y Magdalena donde se eliminaron candidatos contrincantes y se alteraron los votos para favorecer a los que ganaron las elecciones, quienes hoy están presos por varios delitos. ¿Serán estos los triunfos de la Seguridad Democrática de la que tanto se enorgullece el presidente Álvaro Uribe?

Desde hace un tiempo las Auc ya habían afirmado tener infiltrado el 70% del Congreso, algo que causó estupor e indignación en organizaciones sociales y en buena parte de la opinión pública nacional e internacional. Todo este proceso se venía denunciando a pesar de las amenazas y las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno nacional. Por estas razones no es extraño que Uribe se haya negado a un debate público con el Polo Democrático Alternativo, y que en cambio acuda a sus ataques exaltados de rabia y odio contra sus contradictores, especialmente hacia Gustavo Petro, al llamarlo “terrorista de civil”.¿Terroristas de civil no son los amigos de Uribe presos en la Picota?

Estas verdades se vienen desenmascarando con mayor relevancia en los medios de comunicación y en las conversaciones de la vida pública. Incluso la Comunidad Internacional se ha mostrado vigilante y preocupada de que el proceso de desmovilización de las AUC termine en la impunidad. Se debe investigar quiénes han financiado estas organizaciones criminales, con qué fines y cómo consiguieron su poderío local y nacional, así como su infiltración en las instituciones del país.

Por ahora sigue destapándose la olla podrida. Se sabe que la influencia paramilitar no fue únicamente en la costa atlántica. En el Casanare también montaron una estructura delictiva similar. Cinco alcaldes están investigados por repartir el 50% de las millonarias regalías del petróleo con Martín Llanos, líder de las ACC, quien no se ha desmovilizado. Así mismo se les acusa de otorgar el 10% de los contratos a estos grupos ilegales que operan en la región.

No quedan dudas de que el país se paramilitarizó. Desde la tienda de la esquina hasta los organismos de inteligencia del Estado. Desde las universidades hasta barrios marginales. Su dominio va desde la costa atlántica hasta el Putumayo; desde el Urabá antioqueño hasta el Casanare. Se ha extendido su dominio político, económico y cultural a casi todo el país. Incluso ha traspasado fronteras como cuando en la República Bolivariana de Venezuela cayeron detenidos algunos miembros de las Auc por intentar atentar contra la vida del presidente Hugo Chávez.

Por último quisiera decir que es hora de que actúe la justicia y que los responsables paguen por sus delitos. La Corte Suprema de Justicia está haciendo una gran labor pero a la sociedad civil le corresponde afrontar los retos de este momento histórico. Sigue siendo imperiosa la unidad de los movimientos democráticos para establecer acciones concretas y exigir Verdad, Justicia y Reparación. De lo contrario nunca saldremos del círculo vicioso de la violencia, no habrá perdón ni reconciliación, ni mucho menos la reparación que merecen millones de víctimas de esta patria.

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